CONSTRUYAMOS UN PAÍS PARA LAS MAYORÍAS

Columna de opinión de Andrés Reyes Barra, Departamento Jurídico Regional del Colegio de Profesores de Valparaíso

Estamos viviendo, en este mes, un momento crucial que puede producir un cambio de las condiciones de vida de los chilenos. 

Históricamente, conocemos de 3 constituciones que han tenido relevancia en la evolución social de nuestro país. Recién conquistada la Independencia, en el año 1833 durante el Gobierno de Joaquín Prieto, se dicta la primera Constitución que declaró a Chile como Católico Apostólico y Romano y, en torno al tema educación, aseguró que debía ser atención preferente del estado.

Luego, la Constitución de 1925, separa la Iglesia del Estado, reitera su responsabilidad en la educación y mandata que debe ser gratuita y que, en forma paulatina, obliga a construir un sistema de Educación Pública. La libertad de enseñanza se orienta hacia una educación democrática, pluralista y sin orientación partidista, otorgando facilidades para la organización y administración de la educación privada, aplicando sólo a aquellas que existen y se mantienen sin fines de lucro.

La educación era obligatoria por promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, promulgada el 26 de agosto de 1920, y que abarcaba a los seis primeros niveles llamado preparatorias.

Recordar que los sectores conservadores rechazaron durante 20 años esta ley con el argumento, de que “quién trabajaría las tierras”. Con la primera constitución se forma la Universidad de Chile, la Primera Escuela Normal y, a fines de siglo, varias Escuelas Normales que fueron un gran aporte para elevar la cultura de nuestros niños y de la mujer. 

El golpe militar de 1973, marca una regresión social de proporciones, que hoy se puede apreciar claramente. Los sectores conservadores y reaccionarios, siempre presionaron para que el estado desapareciera. Lo demostraron cuando tomaron la decisión de entregar a privados las empresas que eran del estado, y sumaron más de cuatrocientas.

Pero, sus ideólogos, tenían claro que la educación era relevante en el cambio de la sociedad. Desaparece el rol del estado en educación, se crea el sistema particular subvencionado, con la opción de que, sin tener las condiciones necesarias para ser establecimiento educacional, se podía crear y hacer funcionar un colegio, incluso en precarias condiciones.

Todos podemos recordar a muchos, que sin ser parte o simpatizante de la dictadura abrieron ese tipo de colegios. Hay incluso, parlamentarios que se dedicaron a este negocio.

Los establecimientos públicos se traspasan a los municipios, con un mandato para que su administración fuese transitoria y, luego, se debían entregar a sostenedores privados. La educación particular subvencionada, también debía ser transitoria y evolucionar para ser totalmente privadas. 

Las consecuencias se pueden observar y generan enorme preocupación. Aunque terminada la dictadura, se dicta una ley que transforma la educación secundaria en obligatoria. La verdad es que no se cumple y se pierde el espíritu de la ley porque no hay verdaderas medidas que aseguren su mandato. La educación deja de ser un servicio, prestado principalmente por el estado, y pasa a ser un negocio en el que el alumno es el cliente.

De acuerdo con cifras recientes el estado atendía al 80% de la población escolar. Hoy la educación particular subvencionada supera el 53 % de atención de estudiantes. Se crean más de 60 universidades, convirtiéndose en el mejor negocio. Incluso, estas instituciones de educación superior, están comprando colegios particulares subvencionados asegurando para su futuro una clientela cautiva.

Nuestros niños y niñas no son los de ayer. Los sectores más vulnerables no tienen acceso a una educación que sea de calidad y, por lo tanto, quedan a disposición de la delincuencia, el consumo de drogas y alcohol, el trabajo precarizado y mal remunerado.

Todos soñamos con una nueva Constitución que permita recuperar lo que fue nuestra educación, profundamente valórica y de calidad. 

La constituyente actual, es víctima de los sectores fascistas de nuestro país. Con un enorme debilitamiento del currículum nacional y de las potestades del Ministerio de Educación. Se crea la Superintendencia, pero con marcado énfasis burocrático y sin un espíritu de colaboración hacia el trabajo de las escuelas, colegios y liceos para asegurar la calidad que se quisiera.

La Libertad de Enseñanza va más allá de la Constitución de 1980, impuesta en dictadura, creando un derecho de resguardo de la autonomía de los establecimientos subvencionados en el currículum a impartir. Hay rechazo absoluto a la gratuidad progresiva de las universidades.

Nuestra educación requiere cambios profundos que permitan recuperar lo que, históricamente, nos tocó vivir. Se requiere una Constitución progresista, que nos acerque a ser un país desarrollado en todos los ámbitos del ser humano, la que se votará el 17 de diciembre es más regresiva que la actualmente vigente, con modificaciones hechas después de la dictadura. 

Como conclusión, creemos que ningún profesor debiera votar a favor. Es tema difícil y complejo con las actuales generaciones de maestros, formadas por universidades que no ponen en el centro lo valórico y el rol que debe jugar y trabajar un educador. 

Por ello es que estimamos que la única opción es votar en contra.