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  • Preocupante declaración del Departamento Jurídico del Colegio de Profesores de la Quinta Región que integran Andrés Reyes, Daniel Burotto y Renato Rivera

El Departamento Jurídico del Colegio de Profesores de la Quinta Región entregó la siguiente declaración frente a los últimos acontecimientos:

«Debemos asumir que, como maestros, estamos viviendo una crisis institucional de graves consecuencias futuras. Todo hace pensar que en pocos años el Colegio de Profesores de Chile A.G. quedará reducido a una mínima expresión. Se sumarán a quienes abandonan la organización argumentando que el colegio no les da nada, sin la comprensión histórica que las organizaciones de trabajadores nacen para defender no sólo sus derechos, también sus intereses de clase. En nuestro caso, una educación gratuita, laica, democrática, obligatoria y de calidad.

Recordar, que los que se han apoderado de nuestro país demoraron la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, en 20 años, usando el discurso de la libertad de enseñanza, que en su práctica de poder es que nuestros hijos no tengan acceso a la educación. Los latifundistas tenían como argumento que no habría mano de obra para trabajar la tierra. Muy a su pesar, las características de las Constituciones de 1833 y 1925 impusieron el estado docente que en la práctica reafirman que el estado debe ser responsable de este servicio. 

El golpe de estado y su posterior constitución política, cambió nuestra historia. La educación, pasó a ser un negocio y el ingreso a la educación superior de nivel universitario para gente con ingresos limitados es imposible. Agregar que las universidades son más de 60 y que los niveles de formación profesional son bajísimos.

Llevamos todo un período de engaños, con propuestas de fechas para el envío de proyectos de soluciones, mesas de trabajo de dirigentes con el ministerio sin mostrar propuestas concretas.

En diciembre del 2022 el anterior ministro anunció envío de proyecto de ley para pago de la deuda histórica. No cumple el compromiso argumentando que no es posible por el rechazo parlamentario a la Reforma Tributaria.

La mesa, constituida al efecto, nunca ha presentado una propuesta de solución. El oficio del nuevo ministro anuncia un proyecto que será enviado en diciembre, que agrega que beneficiaría al 25% de los afectados, considerando los casos más urgentes. ¿Tendrá ese carácter el caso del profesor fallecido a los 91 años, que padecía de múltiples enfermedades como Alzheimer y Diabetes y que el nacional se niega a pagarle cuota mortuoria por un atraso de 2 meses en sus cotizaciones?

La gran mayoría supera los 85 años, y sufren por una salud deteriorada. Ponemos a su consideración el caso de Edith Alvarado Pletikocic que fallece por coronavirus y que no se les cancela cuota mortuoria a los beneficiarios porque registra los últimos 4 meses de su vida sin cotizaciones.

Lo ético es saber, cuál será el criterio para establecer la urgencia. Se realizará una encuesta, a las que ya estamos acostumbrados. Será de responsabilidad del Directorio Nacional o se contratará una empresa para detectar casos urgentes. El ministro corrige su respuesta e informa que se considerará a todos los docentes sin volver a considerar pagos por tramos o porcentajes de profesoras y profesores.

Es difícil concluir si es ignorancia o mala intención del presidente nacional en su quehacer negociador. Tres años para no mostrar nada positivo. Todo dirigente debe tener muy claro que la dictadura cambió rotundamente la evolución de la política nacional en educación. Fue complementada por los gobiernos neoliberales, con una múltiple cantidad de leyes que les dieron fuerza a los principios básicos de la Constitución de la Dictadura. El sistema subsidiario, hizo de la educación, un negocio cuyos principales gestores son los dueños de la mayoría de las universidades y del 53% de la Educación Particular Subvencionada. Está bloqueado el camino para que nuestros hijos, nietos y los del pueblo, tengan acceso a estudios superiores con gratuidad y obtengan títulos profesionales sin sacrificar a sus familias. 

Lo oficial, y que se entregó al parlamento es que los traspasados en el año 1981 fueron 82 mil docentes, Díaz Marchant habla de 84 mil. Las grandes diferencias se dan en el número de fallecidos, Todo hace pensar que los que sobreviven no superan los 50 mil y que el 75% no será real pues, en los hechos, vemos el fallecimiento múltiple de colegas. El número de colegiados jubilados es, aproximadamente, de unos 15 mil. La gran mayoría tiene descuentos por el IPS. Tienen edad avanzada y su fallecimiento, en pocos años provocará una notoria disminución del número de colegiados. 

Como un gran avance, el presidente Díaz Marchant, considera el hecho de que se pagará el Bono de Retiro correspondiente a los listados de los años 2018, 2019 y 2020 entre los meses de septiembre y octubre. Si ello no ocurre, debiéramos impedir que se levante como candidato a la presidencia por otro período, a quien dirige los destinos de nuestra organización».

Firman Andrés Reyes, Daniel Burotto y Renato Rivera

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