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  • Columna de Manuel Tobar Leiva, presidente del Centro de Estudios de la Región de Valparaíso.

En las últimas horas del 31 de mayo, el gobierno del Presidente Boric ha ingresado a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional para reemplazar el nombre de los “delegados presidenciales”por el de “jefes de Gobierno Interior”. El hecho se origina por una petición de los Gobernadores Regionales y por el compromiso del Presidente consignado en su programa de gobierno.

Dos aspectos de la reforma saltan a la vista. Lo primero es que el proyecto no innova en relación a las funciones y atribuciones de los representantes del Presidente de la República en el territorio regional y provincial. El “jefe de gobierno interior” mantiene la potestad del orden público y la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos desconcentrados que operan en la región. En segundo aspecto, es la oportunidad en que se presenta esta reforma, en medio de un proceso constituyente, en el que se supone que el Concejo Constitucional deberá definir tales instituciones y no el Congreso.

Por otra parte, la comisión experta en el borrador que propondrá al Consejo Constitucional establece que el Presidente de la República se hará representar en los territorios subnacionales por un agente de su exclusiva confianza. Ello por cuanto, por un lado el estado central no se desprende del poder coercitivo legitimo para asegurar el orden público y por el otro, aunque se doten a las regiones de servicios públicos que dependan del gobierno regional, siempre quedarán servicios en la órbita competencial del Presidente. En consecuencia tales servicios deberán ser coordinados por el representante del primer mandatario. En el fondo, las bases constitucionales establecieron que Chile tendrá un estado unitario descentralizado, lo cual implica fortalecer las autonomías subnacionales sin eliminar la representación del gobierno central en las regiones.

Tengo la sensación que los gobernadores escucharon “cantar al gallo pero no supieron dónde” y que el Presidente Boric les ha seguido el juego, sabiendo que este tema es un mero cambio cosmético que al final se definirá en el Consejo Constitucional.

En definitiva, el tema de la descentralización se juega en la mayor o menor autonomía financiera de los entes subnacionales y en el fortalecimiento de su autonomía administrativa. Respecto de lo primero ya hay señales que a los gobernadores les debería preocuparles. La ley de rentas regionales, ni la propuesta de la comisión de expertos plantean la creación de tributos regionales. Y en relación a lo segundo, la comisión de expertos en ningún párrafo señala la existencia de servicios regionales que dependan de los gobiernos regionales. Ello significa que su autonomía es letra muerta porque para ejecutar sus propias políticas regionales tendrán que hacerlo por la vía de los servicios públicos nacionales y eso significa siempre condicionamientos.

La lucha de las regiones y comunas por la descentralización sigue, pero con cambios reales no cosméticos.

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