EL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO TIENE PARALIZADAS OBRAS POR 22 MIL MILLONES DE PESOS SEGÚN DECLARÓ EL GOBERNADOR FLIES EN LA COMISIÓN TRANSVERSAL POR LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

• Manuel Tobar Leiva, presidente del Centro de Estudios de la Región de Valparaíso

Hoy miércoles 14 sesionó la Bancada Transversal por la Descentralización que preside la diputada Joanna Pérez.

En la reunión fue invitado el Gobernador de Magallanes Jorge Flies Añon, quien expuso la situación que les ocurre a los gobiernos regionales con las iniciativas de inversión pública que han aprobado y licitado con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional que administran.

En efecto, el gobernador revela que muchas empresas que se han adjudicado obras las han paralizado o lisa y llanamente han quebrado. Ello por cuanto, las empresas han sido afectadas por el aumento sustantivo de los precios de los materiales de construcción, como así también por el déficit de stock disponible en el comercio, debido a la semi paralización del trabajo en pandemia.

En ese contexto, el gobernador destacó como ejemplo de esta situación lo ocurrido en el Gobierno Regional de Valparaíso, en el que se han dejado de ejecutar obras por 22 mil millones de pesos, lo que equivale al 25% de su presupuesto de inversión. Esta realidad fue deliberada en el Consejo Regional de Valparaíso, sin embargo, el problema no ha sido superado.

Los gobiernos regionales, como otros servicios públicos, tienen competencias para modificar los presupuestos hasta un 10 %, en circunstancias que los materiales han aumentado muy por sobre ese guarismo. La otra alternativa, es la reevaluación de la iniciativa de inversión, lo que puede demorar años, entretanto especialmente empresas de mediano tamaño terminan muriendo por la burocracia de los plazos.  

En consecuencia las dos opciones del sistema vigente no solucionan el problema. Luego, caemos en las causales de término anticipado de los contratos de obra pública, la liquidación de los contratos terminados y el levantamiento de los nuevos procesos de contratación, lo que implicaría, tanto mayores costos pecuniarios como tardanza en la terminación de las obras.  Parece ser un callejón sin salida.

Sin embargo, los Gobernadores, como la Cámara Chilena de la Construcción y la Bancada Transversal por la Descentralización, están de acuerdo en que la solución la ha dado el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con la modificación  del reglamento para contratos de obras públicas, Número 177, de octubre de 2022, norma que propone que debiera extenderse a todos los demás órganos públicos que contratan obras publicas.

Ese Decreto Supremo señala que “podrá incorporarse, previa solicitud del contratista y mediante la suscripción de un convenio aprobado por resolución de la autoridad que adjudicó o aprobó el contrato, un mecanismo de reajuste en los contratos regidos por el presente reglamento”.

No obstante las diferencias que se constaten entre los presupuestos originales del contrato y el mecanismo de reajuste no podrán superar el 20% del monto total del valor del contrato adjudicado.

La palabra la tiene el Gobierno y especialmente el Ministerio de Hacienda.